Resúmenes de actualidad normativa

• Valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al 4T 2020, a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio 2020 y del Modelo 189

  
  Orden HAC/173/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2020, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2020 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.

  Próximo el comienzo del plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, correspondiente al ejercicio 2020 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas (modelo 189), la Orden HAC/173/2021, de 25 de febrero, que entró en vigor el día 28 de febrero, aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2020, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2020 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.

  BOE:

• Impuesto Especial sobre la Electricidad. Modificaciones en el censo de obligados tributarios y en el modelo 560

  
  Orden HAC/172/2021, de 25 de febrero, por la que se establecen la estructura y el funcionamiento del censo de obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre la Electricidad, se aprueba el modelo 560, "Impuesto Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación", y se determinan la forma y el procedimiento para su presentación.

  Mediante esta Orden HAC/172/2021, de 25 de febrero, que entró en vigor el 28 de febrero y de aplicación a los devengos que se produzcan a partir del 1 de octubre de 2021, se establece la estructura y el funcionamiento del censo de obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre la Electricidad, aprueba el modelo 560, «Impuesto Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación», y determina la forma y el procedimiento para su presentación, derogando su regulación anterior contenida en la Orden HAP/2489/2014, de 29 de diciembre.

  No obstante, hasta el 1 de octubre de 2021, los artículos 1 (inscripción en el registro territorial), 2 (código de identificación de la electricidad) y 3 (aprobación del modelo 560) de la citada orden continuarán siendo de aplicación en su integridad, tanto en lo relativo a la estructura y funcionamiento del censo de los obligados tributarios como para la forma y procedimiento de presentación del modelo de autoliquidación en ella aprobado.

  La nueva regulación ha venido motivada por los múltiples cambios que se han introducido en la normativa reguladora del Impuesto Especial sobre la Electricidad.

  La norma que estamos reseñando aprueba un formato electrónico para la solicitud de inscripción en el registro territorial, las comunicaciones de los beneficiarios a la oficina gestora y el modelo de autoliquidación, a efectos de su presentación a través de la Sede electrónica de la AEAT.

  El modelo 560 se presentará de forma obligatoria por vía electrónica a través de Internet, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 2 y en los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre.

  Para la presentación de autoliquidaciones extemporáneas, complementarias o rectificativas, en relación con periodos de liquidación anteriores al 1 de octubre de 2021, la AEAT habilitará en la sede electrónica una presentación diferenciada en la que mantendrá el modelo 560 aprobado por la Orden HAP/2489/2014, de 29 de diciembre.

  Recordamos que están obligados a presentar el modelo 560, y en su caso, a realizar el pago de la deuda tributaria, los contribuyentes por el Impuesto Especial sobre la Electricidad, definidos en el artículo 96 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. Los contribuyentes regulados en los apartados 1 y 4 del citado artículo 96, deberán presentar el modelo 560, con independencia del resultado de liquidación, excepto los que no sean comercializadores o distribuidores, que no estarán obligados a su presentación respecto a aquellos periodos de liquidación en los que no resulten cuotas a ingresar.

  La presentación del modelo 560 y, en su caso, el pago de la deuda tributaria, salvo cuando se domicilie el pago, se efectuará dentro de los veinte primeros días naturales siguientes a aquel en que finaliza el periodo de liquidación que corresponda. La domiciliación bancaria del modelo 560 para periodos de liquidación trimestrales podrá realizarse desde el día 1 hasta el día 15 de los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente, según corresponda al primer, segundo, tercer o cuarto trimestre respectivamente. La domiciliación bancaria del modelo 560 para periodos de liquidación mensuales podrá realizarse desde el día 1 hasta el día 15 del mes siguiente al mes objeto de autoliquidación.

  La presentación del modelo 560 y, en su caso, el pago de la deuda tributaria, cuando el periodo de liquidación sea anual, se efectuará dentro de los veinte primeros días naturales del mes de abril siguiente a la finalización de dicho periodo.

  La domiciliación bancaria del modelo 560 para periodos de liquidación anuales podrá realizarse desde el día 1 hasta el día 15 del mes de abril siguiente al año objeto de autoliquidación.

  BOE:

• Nuevo modelo 05 relativo al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte

  
  Orden HAC/171/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba el modelo 05, "Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de no sujeción, exención y reducción de la base imponible", y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación.

  Mediante esta Orden HAC/171/2021, de 25 de febrero, que entró en vigor el 1 de marzo, se aprueba un nuevo modelo 05, «Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.  Solicitud de no sujeción, exención y reducción de la base imponible», y determina el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, derogando su anterior regulación contenida en la Orden de 2 de abril de 2001.

  Esta Orden mantiene la estructura y el contenido del anterior modelo 05, con las siguientes novedades:

  • Para hacer homogéneos todos los modelos correspondientes al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT), se equipara el contenido del apartado dedicado a los datos técnicos del medio de transporte con el contenido de este mismo apartado del modelo 576, de autoliquidación del IEDMT y del modelo 06, de declaración del IEDMT, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo.
  • Adicionalmente, esta orden establece el uso de este modelo para solicitar la exención del IEDMT establecida en el artículo 80.1 de la Ley Orgánica de Universidades, que regula el supuesto de exención , para los medios de transporte matriculados a nombre de universidades en el marco de sus actividades de investigación, docencia o estudio, creando para ello una nueva clave de exención, la clave «UNI», incorporando en el anexo II la documentación requerida para el reconocimiento de este supuesto de exención.
  • El anterior modelo establecía como forma exclusiva de presentación el formato papel, sin embargo, la norma que estamos reseñando aprueba un nuevo modelo 05 que permite la presentación mediante predeclaración (papel impreso generado exclusivamente mediante la utilización del servicio de impresión desarrollado a estos efectos por la Agencia Tributaria en su sede electrónica) exclusivamente para contribuyentes que sean personas físicas, e incorpora la presentación telemática del mismo. Por internet a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria mediante:
  • Un sistema de identificación, autenticación y firma electrónica utilizando un certificado electrónico reconocido emitido de acuerdo con las condiciones que establece la Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza
  • En el caso de obligados tributarios personas físicas también se podrá realizar la presentación mediante el sistema Cl@ve, regulado en la Orden PRE/1838/2014.

  Por último, recordamos que la presentación del modelo 05 deberá efectuarse antes de la matriculación definitiva del medio de transporte, no pudiendo, en ningún caso, procederse a matricular definitivamente el mismo hasta que no se haya producido el reconocimiento del beneficio fiscal.

  La presentación del modelo 05 en los supuestos circulación o utilización en España de los medios de transporte, cuando no se haya solicitado su matriculación definitiva en España conforme a lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, deberá realizarse en el plazo de los 30 días siguientes al inicio de su utilización en España.

  En el supuesto de reducción de base imponible previsto en el apartado 4 del artículo 66 de la Ley 38/1992, el sujeto pasivo deberá presentar el modelo 576, una vez sea concedida la reducción solicitada.

  BOE:

• Aval concedido por un socio para garantizar un contrato de arrendamiento". NRV 9ª, NRV 21ª y NECA 15ª.

  
  Sobre el tratamiento contable de un aval concedido por un socio para garantizar un contrato de arrendamiento suscrito por la sociedad.

  La sociedad consultante ha suscrito un contrato de arrendamiento en el que el arrendador requería la constitución de un aval bancario como garantía del contrato. Ante la imposibilidad de la sociedad de obtener el aval bancario por falta de solvencia, ha sido el socio mayoritario quién ha suscrito dicho aval, por lo que para obtener la garantía el socio ha pignorado un importe igual a la operación descrita. La cuestión que se plantea es si esta operación debería tener registro contable en la sociedad puesto que si el aval fuera ejecutado el pago correría por cuenta del avalista (socio) y se plantea la idoneidad de recoger como deuda en favor del socio la garantía aportada en favor de la sociedad.  

  La operación de concesión de un aval es un contrato de garantía financiera y está regulada en el apartado 5.5 de la norma de registro y valoración (NRV) 9ª Instrumentos Financieros, contenida en la segunda parte del Plan General de Contabilidad (PGC) aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.  

  En concreto, para dar respuesta a la consulta puede citarse la opinión recogida en la consulta publicada por este Instituto número 1 del BOICAC 82 sobre el tratamiento contable de los gastos asociados a la obtención de un aval.  

  En la medida en que se trata de una operación de un socio en favor de la sociedad será de aplicación la norma de registro y valoración (NRV) 21ª Operaciones entre empresas del grupo contenida en la segunda parte del Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, siendo aplicables las normas generales, por lo que la operación por la que el socio avala a la sociedad en cualquier caso se registrará a valor de mercado, y al tratarse de un socio con participación mayoritaria le resultará también de aplicación la NECA 15ª Partes vinculadas, contenida en la tercera parte del PGC.  

  En caso de incumplimiento por parte de la empresa avalada, atendiendo a las condiciones de otorgamiento del aval, la sociedad deberá reclasificar la deuda por arrendamiento en una deuda contraída con el socio por la ejecución del aval, con el reconocimiento en su caso de los gastos de ejecución que le correspondieran.  

  Por último, a modo de información se indica que este Instituto ha publicado diversas consultas en el BOICAC en relación con la figura del aval. En concreto, puede citarse la opinión recogida sobre el registro contable de los avales otorgados, tanto se ejecuten o no en la consulta 1 del BOICAC 49. 

• ¿Qué son los Centros Especiales de Empleo?

  
  Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo.

  Destinatarios

  Los destinatarios finales de este programa serán los trabajadores con discapacidad de los Centros Especiales de Empleo que se encuentren en alguno de los supuestos que se describen a continuación:

  • Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33%.

  • Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65%.

  • Las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional podrán prestar servicio también a los trabajadores con discapacidad del Centro Especial de Empleo no incluidos anteriormente, siempre y cuando la dedicación a estos trabajadores no menoscabe la atención de los incluidos en el apartado anterior.

  Características de los Centros Especiales de Empleo

  • Los centros especiales de empleo pueden ser creados por las Administraciones Públicas, directamente o en colaboración con otros organismos, por Entidades, por personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes, que tengan capacidad jurídica y de obrar para ser empresarios; 

  • Pueden ser de carácter público o privado, con o sin ánimo de lucro; 

  • Deben tener la calificación e inscripción en el Registro de Centros del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), o, en su caso, en el correspondiente de las Administraciones Autonómicas;

  • Su gestión está sujeta a las mismas normas que afectan a cualquier empresa.

  CENTROS ESPECIALES EMPLEO:

• Prórroga de las medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido, Brasil y Sudáfrica y los aeropuertos y puertos españoles

  
  Orden PCM/164/2021, de 24 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.

  El Consejo de Ministros, en su reunión del día 23 de febrero de 2021, a propuesta de la Ministra de Sanidad y del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha adoptado nuevo Acuerdo para prorrogar las medidas ya adoptadas y frenar la propagación y contagio del virus COVID-19 ante las nuevas cepas procedentes de Reino Unido, República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica.

  Las medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio que son objeto de prórroga fueron adoptadas en virtud de los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, que limitan los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.

  Las nuevas prórrogas se comunicarán, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a la Comisión Europea y al resto de Estados miembros y, a través del Ministerio de Sanidad, se realizará la correspondiente notificación a la Organización Mundial de Salud en aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.

  A continuación, detallamos las nuevas medidas:

  1. Prórroga del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020: la eficacia de las previsiones contenidas en este Acuerdo de limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles, se prorrogará desde las 18:00 horas del día 2 de marzo de 2021 (hora peninsular) hasta las 18:00 horas del día 16 de marzo de 2021 (hora peninsular).
  2. Prórroga del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021: se prorroga la eficacia de las previsiones contenidas en este Acuerdo para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles, desde las 18:00 horas del día 2 de marzo de 2021 (hora peninsular) hasta las 18:00 horas del día 16 de marzo de 2021 (hora peninsular).
  BOE:

• Convenio entre España y Japón para eliminar la doble imposición y prevenir la elusión fiscal

  
  Convenio entre el Reino de España y Japón para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y su Protocolo, hecho en Madrid el 16 de octubre de 2018.

  Con fecha 26 de febrero de 2021 se ha publicado en el BOE el Convenio entre el Reino de España y Japón para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales y su Protocolo, hecho en Madrid el 16 de octubre de 2018, y cuya entrada en vigor está prevista para el próximo día 1 de mayo de 2021.

  Este Convenio actualiza el convenio hasta ahora vigente y su Protocolo, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1974, el cual dejará de ser aplicable desde la fecha en la que el nuevo Convenio surta efectos respecto de los impuestos para los que es aplicable, según lo establecido en los apartados 2 y 3 de su artículo 30 (entrada en vigor), recogiendo los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, proporcionando un marco actualizado de seguridad fiscal  y jurídica que facilite los intercambios económicos entre ambos países.

  Por lo que respecta a su contenido, podemos destacar:

  Impuestos comprendidos

  1. El presente Convenio se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados contratantes, cualquiera que sea el sistema de su exacción.

  2. Se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la totalidad de la renta o elementos de la misma, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes, los impuestos sobre los importes totales de sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías.

  3. Los impuestos actuales a los que se aplica el Convenio son, en particular:

  (a) en Japón:
  (i) el impuesto sobre la renta;
  (ii) el impuesto sobre la renta de sociedades;
  (iii) el impuesto especial sobre la renta para la reconstrucción; y
  (iv) el impuesto local sobre la renta de sociedades
  (denominados en lo sucesivo «impuesto japonés»);

  (b) en España:
  (i) el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas;
  (ii) el Impuesto sobre Sociedades; y
  (iii) el Impuesto sobre la Renta de no Residentes
  (denominados en lo sucesivo «impuesto español»).

  4. El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la firma del mismo y que se añadan a los actuales o los sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan introducido en sus respectivas legislaciones fiscales.

  Se precisa que a los efectos de este Convenio la renta obtenida por una entidad o un instrumento jurídico considerados total o parcialmente transparente a efectos fiscales de acuerdo con la normativa interna de cualquiera de los Estados contratantes, o a través de ellos, se considerará percibida por un residente de un Estado contratante, pero únicamente en la medida en que (a) dicha renta se trate, a los efectos de la fiscalidad de ese Estado contratante, como renta de un residente del mismo; y (b) dicha entidad o instrumento jurídico se haya establecido conforme al Derecho de (i) cualquiera de los Estados contratantes; o (ii) un tercer Estado que: (aa) tenga en vigor un acuerdo que contenga disposiciones para el intercambio de información en materia tributaria con el Estado contratante del que procede la renta; y (bb) que la entidad o el instrumento tengan la consideración de totalmente transparente de acuerdo con la normativa fiscal interna de ese tercer Estado.

  Contenido

  El Convenio determina las reglas relativas a la imposición sobre diferentes tipos de rentas:

  • inmobiliarias -art. 6;
  • beneficios empresariales -art. 7-;
  • transporte marítimo y aéreo -art. 8-;
  • empresas asociadas -art. 9-;
  • dividendos -art. 10-;
  • intereses -art. 11-;
  • cánones -art. 12-;
  • ganancias de capital -art. 13-;
  • rentas del trabajo -art. 14-;
  • Remuneración de consejeros -art. 15-;
  • artistas y deportistas -art. 16-;
  • pensiones -art. 17-;
  • retribuciones por función pública -art. 18-;
  • estudiantes y personas en prácticas. -art. 19-;
  • participación pasiva. -art. 20-.
  • Otras rentas. –art.21-
  • El artículo 22, preceptúa los métodos para eliminar la doble imposición.
  • El artículo 23, recoge la aplicación de los criterios de no discriminación.
  • El artículo 24, contempla el procedimiento amistoso en caso de discrepancia con la forma de aplicación del Convenio.
  • El artículo 25, incluye una cláusula de intercambio de información entre las respectivas autoridades competentes.
  • Los artículos 26 a 31 recogen, respectivamente, las disposiciones relativas a la asistencia en la recaudación de impuesto, a la no incidencia de las disposiciones del Convenio en los privilegios de los miembros de misiones diplomáticas y de oficinas consulares, al derecho a los beneficios del Convenio, títulos de los artículos del Convenio, a la entrada en vigor, su denuncia.
  • Por último, se contiene un Protocolo anejo, que consta de tres apartados, destacando el que establece que nada de lo dispuesto en el Convenio puede interpretarse como una restricción a la aplicación del artículo 100 de la LIS (transparencia fiscal Internacional).

  En especial, se puede destacar:

  Establecimiento permanente (art. 5 CDI): Junto a los lugares fijos tradicionales mediante los cuales una empresa realiza toda o parte de su actividad (sedes de dirección, sucursales, oficinas, fábricas, etc.), se incluyen las obras o proyectos de construcción o instalación cuando su duración exceda de 12 meses (seis meses en términos generales según la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes).

  Dividendos (art.10 CDI): Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado. Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el Estado contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 5 por ciento del importe bruto de los dividendos.

  No obstante, lo anterior, los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante serán gravables exclusivamente en el otro Estado contratante si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente de ese otro Estado contratante y es además

  (a) una Sociedad que directa o indirectamente haya poseído al menos el 10 por ciento de los derechos de voto de la Sociedad que paga los dividendos durante un período de doce meses que comprenda la fecha en la que se determine el derecho a percibir el dividendo (para calcular dicho período no se tendrán en cuenta los cambios en la propiedad que pudieran derivarse directamente de una reestructuración empresarial, tales como una fusión o escisión, de la sociedad que es la beneficiaria efectiva de los dividendos o que paga los dividendos); o

  (b) un fondo de pensiones reconocido, a condición de que los dividendos procedan de las actividades mencionadas en el artículo 3, apartado 1, subapartado (l), letras (i) o (ii) y, en el caso de un fondo de pensiones reconocido de España, de que las aportaciones efectuadas al mismo por una persona física residente de España sean deducibles al calcular su renta imponible en España.

  No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, los dividendos que sean deducibles al calcular la renta imponible de la sociedad que paga los dividendos en el Estado contratante del que sea residente esa sociedad pueden someterse a imposición en ese Estado contratante conforme a la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los dividendos.

  Esto no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los que se pagan los dividendos.

  Intereses (art.11 CDI): Los intereses procedentes de un Estado contratante cuyo beneficiario efectivo sea un residente del otro Estado contratante serán gravables exclusivamente en ese otro Estado.

  Sin embargo, los intereses procedentes de un Estado contratante determinados por referencia a ingresos, ventas, rentas, beneficios u otros flujos de tesorería del deudor o de una persona con él relacionada, a variaciones en el valor de una propiedad del deudor o de una persona con él relacionada, o a dividendos, distribuciones en el seno de una sociedad de personas –partnership–, o un pago similar efectuado por el deudor o por una persona con él relacionada, u otros intereses similares a los mencionados procedentes de un Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese Estado contratante conforme a su legislación, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los intereses.

  Las disposiciones anteriores no son aplicables si el beneficiario efectivo de los intereses, siendo residente de un Estado contratante, realiza una actividad económica en el otro Estado contratante, del que proceden los intereses, por medio de un establecimiento permanente situado allí, y el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso son aplicables las disposiciones del artículo 7.

  Los intereses se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado contratante. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses y que soporte la carga de los mismos, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado contratante en que esté situado el establecimiento permanente.

  Cuando, por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso será gravable de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.

  Cánones (art.12 CDI): Los cánones procedentes de un Estado contratante cuyo beneficiario efectivo sea un residente del otro Estado contratante serán gravables exclusivamente en ese otro Estado contratante.

  Las reglas anteriores no son aplicables si el beneficiario efectivo de los cánones, siendo residente de un Estado contratante, realiza una actividad económica en el otro Estado contratante, del que proceden los cánones, por medio de un establecimiento permanente allí situado y el derecho o bien por el que se pagan los cánones está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso son aplicables las disposiciones del artículo 7.

  El término «cánones» significa los pagos de cualquier clase percibidos por el uso, o el derecho de uso, de derechos de autor incluidas las películas cinematográficas y las películas y grabaciones destinadas a la difusión por radio o televisión, de patentes, marcas, diseños o modelos, planos, o fórmulas o procedimientos secretos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.

  Cuando por razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los cánones, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que hubieran convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso, la cuantía en exceso será gravable de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones de este Convenio.

  Ganancias de capital (art. 13 CDI): se establece que Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de los bienes inmuebles a los que se refiere el artículo 6, situados en el otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.

  Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes, distintos de los inmuebles a los que se refiere el artículo 6, que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante tenga en el otro Estado contratante, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de dicho establecimiento permanente (solo o con el conjunto de la empresa), pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.

  Las ganancias que obtenga una empresa de un Estado contratante que explote buques o aeronaves en tráfico internacional derivadas de la enajenación de dichos buques o aeronaves, o de bienes distintos a los inmuebles a los que se refiere el artículo 6, afectos a la explotación de dichos buques o aeronaves, serán gravables exclusivamente en ese Estado contratante.

  Las ganancias obtenidas por un residente de un Estado contratante de la enajenación de acciones o participaciones análogas en una sociedad, como las participaciones en una sociedad de personas –partnership– o en un fideicomiso –trust–, pueden someterse a imposición en el otro Estado contratante si, en cualquier momento durante los 365 que preceden a la enajenación, el valor de dichas acciones o participaciones análogas procede en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, de bienes inmuebles, tal como se definen en el artículo 6, situados en ese otro Estado contratante.

  Las ganancias derivadas de la enajenación de derechos que, directa o indirectamente, otorguen al propietario de dichos derechos, el derecho al disfrute de los bienes inmuebles a los que se refiere el artículo 6, situados en el otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado contratante.

  Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5, serán gravables exclusivamente en el Estado contratante en que resida el transmitente.

  Cuando una persona física deje de ser residente de un Estado contratante y se convierta en residente del otro Estado contratante y las ganancias de capital no realizadas sobre los bienes de esa persona física se hayan sometido a imposición en el Estado mencionado en primer lugar inmediatamente antes de cesar en su condición de residente de ese Estado contratante, el otro Estado contratante, en la medida en que sea necesario para eliminar la doble imposición sobre las ganancias de capital relativas a esos bienes, practicará un ajuste correlativo en la base de cálculo o en el importe del impuesto allí aplicado correspondiente a las ganancias obtenidas por esa persona física por la enajenación de dichos bienes.

  Intercambio de información (art. 25 CDI):

  1. Las autoridades competentes de los Estados contratantes intercambiarán la información que previsiblemente pueda resultar de interés para aplicar lo dispuesto en el presente Convenio o para administrar o exigir lo dispuesto en el Derecho interno respecto de los impuestos de cualquier naturaleza o denominación exigibles por los Estados contratantes, sus subdivisiones políticas o sus entidades locales, en la medida en que la imposición así exigida no sea contraria al Convenio. El intercambio de información no vendrá limitado por los artículos 1 y 2.

  2. La información recibida por un Estado contratante en virtud del apartado 1 se mantendrá en secreto en igual forma que la información obtenida en virtud del Derecho interno de ese Estado contratante y sólo se desvelará a las personas o autoridades (incluidos los tribunales y órganos administrativos) encargadas de la liquidación o recaudación de los impuestos a los que hace referencia el apartado 1, de su aplicación efectiva o de la persecución del incumplimiento relativo a los mismos, de la resolución de los recursos en relación con los mismos, o de la supervisión de las funciones anteriores. Dichas personas o autoridades sólo utilizarán esta información para estos fines. Podrán revelar la información en las audiencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales. No obstante lo anterior, la información recibida por un Estado contratante podrá utilizarse para otros fines cuando, conforme al derecho de ambos Estados contratantes pueda utilizarse para dichos otros fines y la autoridad competente del Estado que proporciona la información autorice dicho uso.

  3. En ningún caso las disposiciones de los apartados 1 y 2 pueden interpretarse en el sentido de obligar a un Estado contratante a:

  (a) adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación y práctica administrativa, o a las del otro Estado contratante;

  (b) suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica administrativa normal, o de las del otro Estado contratante;

  (c) suministrar información que revele un secreto mercantil, empresarial, industrial, comercial o profesional, o un procedimiento relacionado con una actividad económica, o información cuya comunicación sea contraria al orden público (ordre public);

  (d) obtener o proporcionar información que revele comunicaciones confidenciales entre un abogado, procurador u otro representante legal reconocido y su cliente cuando dichas comunicaciones se realicen:

  (i) con el fin de solicitar o proporcionar asesoramiento jurídico; o
  (ii) para su utilización en procedimientos legales en curso o previstos.

  Protocolo

  En el momento de proceder a la firma del Convenio entre el Reino de España y Japón para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la elusión y evasión fiscales (en lo sucesivo, el Convenio), el Reino de España y Japón han convenido las siguientes disposiciones que constituirán parte integrante del Convenio.

  1. En relación con el artículo 2 del Convenio (Impuestos comprendidos).

  A los efectos de este artículo, en el caso de España, el término «un Estado contratante» al que se hace referencia en el apartado 1 de este artículo incluye sus Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas.

  2. Queda entendido que nada de lo dispuesto en el Convenio puede interpretarse como una restricción, en sentido alguno, de la aplicación de las disposiciones del Derecho de un Estado contratante destinadas a evitar la evasión y elusión fiscales, excepto si la aplicación de dichas disposiciones genera una imposición no conforme con las disposiciones del Convenio.

  3. Queda entendido que nada de lo dispuesto en el Convenio puede interpretarse como una restricción a la aplicación de las siguientes disposiciones:

  (a) en el caso de Japón, la Sección 4-3 del capítulo II y las secciones 7-4 y 24 del capítulo III de la Ley sobre Medidas Especiales en Materia de Imposición (Ley Núm. 26 de 1957);

  (b) en el caso de España, el artículo 100 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades

  Incluyendo las modificaciones que puedan efectuarse, cuando corresponda, sin que con ello se modifique el principio general de las mismas

  BOE:

• La CCNCC aclara el convenio colectivo aplicable a una empresa de alquiler de vehículos con conductor mediante app

  
  La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC) responde a una consulta relativa al convenio colectivo que resulta de aplicación a una empresa dedicada a la prestación de servicios con vehículos de transporte de viajeros con conductor en Bilbao. Ante la falta de convenio colectivo de sector a nivel provincial, autonómico o estatal (razón por la que se plantea la consulta), la empresa tenía previsto aplicar los mínimos fijados por el Estatuto de los Trabajadores.

  No obstante, según el Órgano consultivo, resulta de aplicación el Convenio colectivo del sector Transporte de Viajeros Regular y Discrecional por Carretera de Bizkaia (BOB de 29 de agosto de 2018).

  Actividad de la empresa

  Según se indica en el escrito de consulta, la actividad económica de la empresa consiste en la “prestación de servicios con vehículos de transporte con conductor, única y exclusivamente en Bilbao”. Concretamente, el servicio “se prestará mediante una aplicación móvil (“App”) en la que el cliente indica el punto de origen y destina final y es la App quien gestiona el conductor que se encargará de efectuar el trayecto; gestionándose el cobro a través de la propia App al finalizar el trayecto”.

  Para la prestación de ese servicio, la empresa cuenta con licencias VTC y utiliza vehículos (turismos) a los que asocia dichas licencias, que deben cumplir determinadas condiciones y respecto de los cuales bien ostenta la titularidad, bien dispone de los mismos en leasing o renting.

  A efectos del CNAE, la empresa se encuentra dada de alta en el epígrafe 49.39 – Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.:

  • Otro transporte de pasajeros por carretera:

  - Los servicios regulares de autobuses de largo recorrido.
  - Los servicios discrecionales de autocares, para excursiones, etc.
  - Los servicios de autobuses dentro de los aeropuertos.

  • La explotación de funiculares, teleféricos, telesillas, etc., si no forman parte de los sistemas de tránsito urbanos o suburbanos.

  • La explotación de autobuses escolares y autobuses para el transporte de empleados.

  • El transporte de pasajeros en vehículos de tracción animal o manual.

  Consideraciones sobre el supuesto planteado

  Recordando que el convenio colectivo aplicable a la actividad de servicio de alquiler de vehículos con conductor a través de una aplicación informática que se instala en el teléfono móvil ya ha sido estudiada. La CCNCC recuerda que "Existen algunas unidades de negociación específicas que regulan dicha actividad económica (como ocurre, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid); pero en el ámbito de la provincia de Vizcaya no encontramos ningún convenio específico del alquiler de vehículos con conductor". Sin embargo, la Comisión recurre al Convenio colectivo del sector Transporte de Viajeros Regular y Discrecional por Carretera de Bizkaia, publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia el 29 de agosto de 2018 y a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).

  "Artículo 2 – Ámbito funcional

  El presente Convenio obliga a todas las empresas de transporte de viajeros por carretera del territorio histórico de Vizcaya y a las empresas que, teniendo el domicilio social fuera del mismo, trabajen habitualmente en éste, siempre que este Convenio sea superior al convenio por el que se rigen. No se entenderá como trabajo habitual el del personal con movimiento en las líneas regulares con punto de contacto en Bilbao. Este Convenio constará de tres capítulos:

  Capítulo 1: en este apartado se regulan las disposiciones pactadas comúnmente para las empresas de servicios regulares y discrecionales.

  Capítulo 2: este apartado contiene los artículos específicos para las empresas de los servicios discrecionales.

  Capítulo 3: este apartado contiene los artículos propios de las empresas cuya actividad principal sea la de servicios regulares".

  "Artículo 64.1 LOTT

  Son transportes regulares los que se efectúan dentro de itinerarios preestablecidos y con sujeción calendarios y horarios prefijados.

  Son transportes discrecionales los que se llevan a cabo sin sujeción a itinerario, calendario ni horario preestablecido.

  Por otro lado, el artículo 180 del citado Reglamento de la LOTT (Capítulo IV, Sección 2ª – Arrendamiento con conductor) establece lo siguiente:

  1. Fuera de los supuestos de colaboración entre transportistas legalmente previstos, únicamente podrán arrendarse con conductor los vehículos de turismo. Dicho arrendamiento tendrá a todos los efectos administrativos la consideración de transporte discrecional de viajeros.

  2. Para la realización de la actividad de arrendamiento con conductor será precisa la obtención, para cada vehículo que se pretenda dedicar a la misma, de la correspondiente autorización administrativa que habilite al efecto."

  Conforme a la normativa referenciada, y puesto que la actividad estudiada en la presente consulta es el alquiler de vehículos con conductor que ostenta las correspondientes autorizaciones VTC, se trata de transporte discrecional de viajeros. Por lo tanto, "la citada actividad económica se encuentra incluida dentro del Convenio colectivo del sector Transporte de Viajeros Regular y Discrecional por Carretera de Bizkaia, cuyo artículo 1, relativo al ámbito temporal y denuncia del mismo, establece que el mismo “tendrá una duración de cuatro años, es decir, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021".

  Recordar, no obstante, que las respuestas a las consultas planteadas a la CCNCC no tienen carácter vinculante.

• Medidas urgentes de carácter tributario y financiero

  
  DECRETO LEY 10/2021, de 23 de febrero, de medidas urgentes de carácter tributario y financiero.

  Medidas tributarias

  El plazo de presentación e ingreso de autoliquidaciones del tributo que grava las máquinas recreativas y de azar al primer trimestre del 2021 se fija entre los días 1 y 20 de junio de 2021, o inmediato día hábil posterior.

  Medidas financieras

  Modificaciones del texto refundido de la Ley de finanzas publicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.

  Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 81 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña:

  “2. Las entidades del sector público sujetas a fiscalización previa deben presentar a la Intervención las cuentas y estados contables provisionales antes del 31 de marzo del año posterior al del cierre y deben ser aprobados antes del 30 de junio.

  El resto de entidades del sector público de la Generalidad deben formular sus cuentas anuales de acuerdo con los principios contables que les son aplicables y se deben comunicar a la Intervención General y poner a disposición de los responsables de la auditoría antes del 31 de marzo del año posterior”.

  “3. En todo caso, las entidades del sector público de la Generalidad, las entidades adscritas a la Generalidad, las universidades públicas financiadas por la Generalidad, las fundaciones y los consorcios en que participa mayoritariamente o minoritariamente deben remitir las cuentas anuales debidamente aprobadas por el órgano correspondiente con el informe de auditoría a la Intervención General y a la Sindicatura de Cuentas antes del 30 de junio del año posterior. También deben remitir la misma documentación referida a las empresas y otras entidades en las que participan.”

  Modificaciones de la Ley 4/2020, del 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2020.

  Se modifica el apartado 10 del artículo 14 de la Ley 4/2020, del 29 de abril:

  “10. La incorporación del remanente de tesorería generado por las entidades no incluidas en el apartado 7 y por las entidades del ámbito de la salud y los centros CERCA e ICREA, que disfrutan de autonomía de acuerdo con la Ley 7/2011, de 27 de julio, de medidas fiscales y financieras, requiere la comunicación a la Intervención General.”

  Por último, se añade Se añade un nuevo párrafo en el anexo 1:

  “Módulo de auxiliar de educación especial: 405,00 euros por hora y curso escolar.”

  DOGC:

• Nota sobre diversas cuestiones relativas al rango de plena competencia en materia de precios de transferencia

  
  El Departamento de Inspección Financiera y Tributaria ha emitido el 25 de febrero de 2021 una Nota en la que aborda distintas cuestiones relativas al cálculo del rango de plena competencia y a la selección del punto adecuado dentro de dicho rango, en el análisis de operaciones vinculadas.

  En la nota, se analizan y ofrecen pautas sobre (i) el proceso para determinar el rango de plena competencia, (ii) las alternativas existentes en caso de que el rango tenga defectos de comparabilidad; y (iii) la selección del punto más apropiado dentro del rango.

  En relación con esta última cuestión, objeto tradicional de controversia en comprobaciones de precios de transferencia, se indica que cuando la remuneración pactada por el contribuyente esté dentro del rango de plena competencia, la Inspección no podrá proponer su ajuste. En caso contrario, el ajuste se deberá hacer, en general, a la mediana salvo que existan causas (que se deberán probar de forma especial) que justifiquen un ajuste a otro punto del rango.

  NOTA:

• Información sobre el mercado de trabajo de las personas tituladas

  
  El Observatorio de las Ocupaciones, unidad técnica del SEPE que analiza la situación y las tendencias del mercado de trabajo, las ocupaciones, los colectivos de interés para el empleo y las transformaciones que se producen en el mismo, elabora una serie de informes que reflejan la información de mercado de trabajo de las personas tituladas, según los datos de que disponen los diferentes Servicios Públicos de Empleo.

  La información aparece desagrada por tipos de formación:

  • Formación universitaria
  • Formación profesional
  • Formación profesional para el empleo: Certificados de Profesionalidad

  Y se puede consultar por áreas de conocimiento y es de periodicidad anual/mensual, pudiéndose realizar las consultas por cualquiera de estos campos.

• Catálogo de Especialidades Formativas

  
  El Catálogo de Especialidades Formativas es un instrumento que incluye la ordenación de toda la oferta de formación, formal y no formal, desarrollada en el marco del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

  Una Especialidad Formativa es la agrupación de competencias profesionales, contenidos, y especificaciones técnicas que responde:

  • A un conjunto de actividades de trabajo enmarcadas en una fase del proceso de producción y con funciones afines.

  • A la adquisición de competencias transversales necesarias para el desempeño adecuado en el entorno y contexto profesional.

  Cada especialidad formativa está adscrita a una familia y área profesional, y tiene asignado un determinado nivel de cualificación (niveles 1, 2, 3, 4 y 5). Las Especialidades Formativas pueden ser:

  • Especialidades de la oferta de formación formal: son aquellas que conducen a la obtención de certificados de profesionalidad. Un certificado de profesionalidad acredita oficialmente una cualificación profesional y es expedido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social o el órgano competente de la Comunidad Autónoma. En el Catálogo hay actualmente 583 especialidades formativas que se corresponden con certificados de profesionalidad.

  • Especialidades de la oferta de formación no formal: no están vinculadas a los certificados de profesionalidad y proporcionan un diploma acreditativo o a un certificado de asistencia.

  En la Sede electrónica del SEPE dispones de un buscador desde el cual puedes acceder a dichas especialidades. Las búsquedas se pueden realizar por código, familia profesional, área profesional o denominación de la especialidad.  Si se quieren buscar especialidades de carácter transversal (aquellas que afectan a varias familias profesionales), hay que posicionarse en Familias Profesionales y seleccionar la opción “Formación Complementaria.

  CATÁLOGO:

• Toda la información sobre las Medidas COVID-19 del Servicio Público de Empleo Estatal

  
  Con el objetivo de facilitar toda la información y trámites relacionados con la situación del COVID-19, la página web del Servicio Público de Empleo (SEPE) dispone de una sección especial que puedes consultar en este enlace.

  Es una sección que agrupa toda la información que se ha generado hasta el momento en relación con el COVID-19, como las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo, que vienen recogidas en los diferentes Reales Decretos-ley, diferenciando por colectivos destinatarios, empresas, empresarios, etc.

  Medidas de organización del SEPE

  Se ofrece información práctica sobre las medidas de organización que ha adoptado el Servicio Público de Empleo Estatal de atención al público, sobre prestaciones, demanda de empleo y trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

  También hemos añadido enlaces a los servicios de empleo de las Comunidades Autónomas, especialmente si en sus páginas en Internet han habilitado un espacio exclusivo con información sobre la situación excepcional que atravesamos, así como a la información COVID facilitada por el SEPE en Ceuta y el SEPE en Melilla.

  Esta nueva sección irá ampliando sus contenidos y enlaces que contengan información útil relacionada con la situación del COVID-19, como guías o respuesta a preguntas frecuentes que se vayan recogiendo a través de los servicios de atención telefónica y otros puntos de contacto del SEPE con los ciudadanos.

  El Espacio del COVID-19 de SEPE.es se complementa con toda la información que el Servicio Público de Empleo está publicando también a través de sus redes sociales.

  MEDIDAS:

• Criterios generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña para el año 2021

  
  RESOLUCIÓN VEH/435/2021, de 10 de febrero, por la que se da publicidad a los criterios generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña para el año 2021.

  El Plan de control tributario para el año 2021 se enmarca dentro de la programación anual de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), en congruencia con la programación plurianual definida en el Plan de prevención y reducción del fraude fiscal y de fomento de las buenas prácticas tributarias 2019-2022.

  Durante el 2021, vista la incertidumbre que provoca la pandemia, se promoverá la omnicanalidad para favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.

  Las principales novedades en los criterios generales del Plan de control tributario 2021 se estructuran en tres grandes bloques:

      1. Actuaciones de prevención del fraude tributario y asistencia a los obligados tributarios

      2. Actuaciones de comprobación del fraude tributario

      3. Colaboración con las administraciones públicas e intermediarios fiscales

  Criterios

  1. Con respecto a la asistencia a los obligados tributarios, la implementación de nuevos canales y herramientas de relación con la ciudadanía se convierte en un elemento clave en el contexto en que nos encontramos, ya que permitirá mejorar de forma significativa la interacción de los contribuyentes con la Agencia, en términos de calidad, inmediatez y seguridad.

  Durante el año 2021 se incrementarán los trámites que pueden hacerse mediante tramitación atendida, se ampliará el servicio de atención telefónica “L’ATC us truca”, y se implementará la asistencia mediante videollamada. Sin embargo, se conformará un espacio de colaboración con la ciudadanía para facilitar la asistencia en la tramitación con funcionalidades de aportación y firma de documentos. También se revisará la presentación de autoliquidaciones de transmisiones patrimoniales y sucesiones y donaciones para hacerlas más proactivas, mediante la generación de borradores de estos impuestos.

  También se seguirá trabajando en el desarrollo del actual sistema de relación con el contribuyente (SRC), poniendo especial énfasis en las funcionalidades necesarias para gestionar el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono, el cual se aplicará por primera vez en el 2021.

  En el ámbito de la prevención del fraude, se seguirá incidiendo en el desarrollo del modelo de gobernanza de los datos tributarios, que comportará la mejora de la explotación de la tecnología avanzada para la gestión de datos, la detección y delimitación de patrones de fraude fiscal mediante la utilización de herramientas de analítica de datos, el diseño de tratamientos específicos efectuados para luchar contra el fraude, y el refuerzo en la detección y selección de riesgos de incumplimientos tributarios.

  Con el fin de profundizar en la transformación digital iniciada por la Agencia, se continuará la automatización de los procesos de implementación de herramientas y funcionalidades de gobernanza de datos e innovación tecnológica que permitan a la ciudadanía un ahorro de tiempo y una mejora del acceso a sus datos tributarios, y una asistencia de proximidad personalizada.

  En el ámbito de la recaudación, se impulsarán las resoluciones de concesiones automatizadas de aplazamiento/fraccionamiento y los calendarios provisionales de pago concedidos en la tramitación de expedientes de aplazamiento y fraccionamiento de especial complejidad.

  2. Por lo que se refiere, específicamente, a las actuaciones de comprobación del fraude tributario, durante el 2021 se prevé reforzar las actuaciones de control e investigación gracias a la explotación de los datos obtenidos a partir de declaraciones informativas y de acuerdos de intercambio de información con otras administraciones, o de fuentes externas.

  En cuanto a los tributos cedidos y, concretamente, con respecto al impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se prevé continuar la comprobación del valor declarado por los contribuyentes, con especial atención en el sector inmobiliario.

  En el ámbito específico del impuesto sobre sucesiones, se prevé reforzar con carácter general el control de las reducciones por parentesco y seguros y de los beneficios fiscales de que disfrutan las empresas y sociedades familiares. También se reforzará el control de los préstamos que constan otorgados por el causante y que podrían ser adicionables a la masa hereditaria.

  En el ámbito particular del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, se continuará y se ampliarán a nuevos hechos imponibles las actuaciones de comprobación e investigación a partir de la información que contienen las declaraciones informativas resumen enviadas por los notarios y notarias con destino en Cataluña, las cuales se utilizarán como elemento de contraste de los datos declarados por los contribuyentes.

  En el impuesto sobre el patrimonio, se seguirá incidiendo en la comprobación e investigación de los cambios de domicilio y de las deslocalizaciones, y en la comprobación de las estructuras societarias. Además, también se prevé la comprobación de la correcta valoración de los inmuebles y la comprobación de los requisitos para disfrutar de beneficios fiscales, y seguir investigando la tenencia de criptomonedas con el objetivo de garantizar la adecuada tributación de la titularidad de monedas virtuales. Como novedad, se profundizará en la investigación de inconsistencias en el patrimonio, provocadas, principalmente, por la existencia de bienes no declarados o incorrectamente declarados situados en el extranjero.

  En relación con los tributos propios, se da un nuevo impulso a la comprobación, y, para mejorar la revisión y el control, se sistematizará un plan de requerimientos automáticos para aquellos sujetos pasivos que consten en los censos correspondientes y no presenten declaraciones o los que presenten declaraciones y no consten en los censos. También se prevé reforzar las actuaciones para asegurar la recaudación de las deudas, y se impulsará el control de la deuda pendiente en periodo ejecutivo para reducirlo, y también la posible rehabilitación de créditos declarados incobrables.

  3. Con respecto a la colaboración con las administraciones públicas, y otros actores del ecosistema tributario, durante el 2021 se prevé seguir profundizando en la colaboración en materia tributaria con las diputaciones, consejos comarcales y ayuntamientos, en el marco de Tributos de Cataluña, tanto con respecto a las actuaciones de asistencia a los contribuyentes como al intercambio de información y al aumento de la eficacia en la gestión de la recaudación de las deudas en periodo ejecutivo. Con referencia a la colaboración con colegios y asociaciones profesionales, se incidirá en la potenciación de los acuerdos para incrementar el uso de los medios electrónicos y telemáticos.

  El objetivo de las medidas incorporadas en el Plan de control tributario es asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, para reducir así la brecha fiscal (tax gap), que será objeto de recálculo durante el 2021. Una de las principales funciones del Plan de control consiste en determinar y definir las áreas de riesgo sobre las que es necesario actuar prioritariamente para prevenir y reducir el fraude fiscal, lo cual implica un esmerado análisis previo de sus manifestaciones, con el fin de programar las actuaciones que hay que realizar para conseguir el objetivo establecido con la máxima eficacia y eficiencia, optimizando los recursos humanos y materiales disponibles.

  DOGC:

• Criterio del TEAC sobre el cálculo de la base imponible del IVA en el caso de descuentos en la venta de automóviles

  
  Por su gran relevancia, la Agencia Tributaria destaca en su web la Resolución emitida por el TEAC, N.º 4177/2018, de 21-10-2020, sobre el criterio dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) en relación con la base imponible del IVA y los descuentos en ventas de automóviles que, en parte, son sufragados por la entidad financiera que concede la financiación.

  En la Resolución del TEAC se trata el supuesto de una entidad que se dedica a la distribución de automóviles e instrumenta un sistema de descuentos que se aplican cuando los clientes optan por financiar la adquisición a través de la financiera del grupo.

  La resolución del TEAC de 21 de octubre de 2010, de conformidad con los criterios señalados por el TJUE en sus sentencias de 15-5-2001, asunto C-34/99, Primback y de 16-1-2014, asunto C-300/12, Ibero Tours, considera que los descuentos concedidos por los concesionarios en la venta de automóviles financiados, sufragados por la entidad financiera, no minoran la base imponible de la venta de los vehículos, ya que el importe obtenido por el concesionario es el mismo tanto cuando se suscribe la operación de financiación como cuando no es así.

  En el caso de financiación, hay una parte de la contraprestación que se paga por un tercero, en este caso, la entidad financiera, pago por un tercero que ha de formar parte de la base imponible según resulta del artículo 78.Uno de la LIVA.　

  Lo anterior es independiente de que exista una labor de intermediación financiera del concesionario a la que resulte de aplicación la exención conforme el artículo 20.Uno.18º de la LIVA.

  El TEAC matiza que, este criterio aún no reiterado, no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 239 de la Ley General Tributaria.

  RESOLUCIÓN:

• Metodología y condiciones del etiquetado de la electricidad para informar sobre el origen de la electricidad

  
  Circular 2/2021, de 10 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del etiquetado de la electricidad para informar sobre el origen de la electricidad consumida y su impacto sobre el medio ambiente.

  En el BOE del día 19 de febrero de 2021 se publicaba la nueva Circular de la CNMV que tiene por objeto establecer la metodología y condiciones relacionadas con la información que las empresas comercializadoras de energía eléctrica deben proporcionar de forma obligatoria a sus clientes acerca del origen de la electricidad por ellas vendida y su impacto sobre el medio ambiente, y los formatos con los que deberán efectuar dicha comunicación.

  Asimismo, establece igualmente las condiciones en las que un consumidor de electricidad pueda, voluntariamente, conocer el origen de la electricidad por él consumida y, en su caso, difundir dicha información a terceros.

  Por lo tanto, esta Circular es de aplicación a todas aquellas empresas comercializadoras de electricidad y a los consumidores de energía eléctrica que pretendan informar o dar a conocer el origen de la electricidad que han consumido.

  Información relacionada con el etiquetado de electricidad

  Debemos distinguir entre información relacionada con el etiquetado de electricidad correspondiente a cada empresa comercializadora y el correspondiente a la energía eléctrica consumida.

  a) Etiquetado de cada empresa comercializadora: cada empresa comercializadora deberá reflejar el “Supplier Mix” o etiquetado de electricidad de empresa comercializadora en sus facturas o de manera adjunta a las mismas. El etiquetado de electricidad será elaborado y publicado anualmente por la CNMC, de manera que cualquier tipo de anuncio, información, documentación promocional, o similar acción publicitaria relativa a aspectos relacionados con el origen de la energía eléctrica comercializada por una empresa y su impacto medioambiental en emisiones de CO2 y residuos radiactivos de alta actividad, debe ser acorde con su correspondiente etiquetado.

  La información se corresponderá con la energía comercializada por la empresa durante el año anterior. En las facturas emitidas durante los meses de enero a marzo se corresponderá con el año previo al anterior. Si la empresa comercializadora no hubiera tenido ventas durante el año anterior (o el año previo al anterior, según corresponda), no será obligatorio consignar ninguna información.

  b) Etiquetado de la energía eléctrica consumida: adicionalmente a la información correspondiente a la empresa comercializadora, los consumidores de electricidad que así lo deseen podrán obtener el etiquetado correspondiente a la energía eléctrica por ellos consumida en el año anterior, o previo al anterior durante los meses de enero a marzo de cada año. Para ello, la CNMC difundirá la información relativa al Sistema de Etiquetado de la Electricidad a través de su página Web, proporcionando los datos necesarios para que los sujetos puedan facilitar a su vez la información necesaria y en particular:

  • El etiquetado de electricidad de todas y cada una de las empresas comercializadoras de electricidad que hayan participado en el Sistema de Garantías de Origen.
  • El etiquetado de electricidad de la comercializadora genérica, que será el mismo para todas las empresas comercializadoras que no hayan participado en el Sistema de Garantías de origen, y que se corresponde con el Mix Residual Final. Esto es, la energía eléctrica consumida no respaldada por redenciones de garantías de origen y no adquirida a una empresa comercializadora, en estos casos tendrá el etiquetado correspondiente a la empresa comercializadora genérica (Mix Residual Final).
  • El etiquetado de electricidad restante (Supplier Remaining Mix) de todas las empresas comercializadoras de electricidad que hayan redimido garantías de origen en sus consumidores.
  • Las redenciones de garantías de origen en los consumidores.

  Si a lo largo de un año un consumidor ha pasado por periodos sujetos a casos distintos de entre los anteriormente descritos o haya cambiado de comercializadora, para obtener el etiquetado anual correspondiente a la energía consumida se obtendrá el etiquetado correspondiente a cada periodo y se prorrateará de forma proporcional a la energía eléctrica consumida en cada periodo.

  Toda información que un consumidor de energía eléctrica presente ante terceros sobre el origen de la energía eléctrica consumida y su impacto medioambiental en emisiones de CO2 y residuos radiactivos de alta actividad deberá ser acorde con el etiquetado de electricidad correspondiente a dicha energía.

  BOE:

• Nota de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre la regularización íntegra en el caso del IVA

  
  La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEA) ha informado sobre una Nota aclaratoria respecto del concepto de "regularización íntegra" en las liquidaciones dictadas por estas derivadas de procedimientos de inspección en la que se lleva a cabo una comprobación de las cuotas soportadas y repercutidas de IVA.

  Las Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2019, 10 y 17 de octubre de 2019 y de 2 de octubre de 2020 han venido a precisar determinados aspectos de la regularización íntegra. Por ello, la AEAT considera oportuno dar traslado de los criterios interpretativos fijados por la jurisprudencia en esta materia.

  El departamento de Inspección Financiera y Tributaria ha llevado a cabo un análisis de la jurisprudencia que sobre el concepto de "regularización íntegra" han venido estableciendo el Tribunal Supremo, el Tribunal Económico-Administrativo Central, en adelante TEAC, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

  Así, tal y como establece el TEAC en su Resolución (RG 19088/2015), de 29 de noviembre de 2018, "el denominado principio de regularización íntegra es de creación jurisprudencial", de igual modo, la reiterada doctrina del TEAC establece, respecto de la obligación de regularización íntegra, lo siguiente:

  1. que “este principio de regularización íntegra no impone, per se, efectuar una devolución de ingresos indebidos, sino que obliga a que la Administración compruebe si el contribuyente tiene o no derecho a la misma”,
  2. que estas comprobaciones obligan fundamentalmente a comprobar debidamente “si la entidad transmitente efectuó algún ingreso por este concepto”, y
  3. que no procede la devolución si quien repercutió improcedentemente no realizó el ingreso de la misma en la Hacienda Pública, en cuyo caso se trata de una cuestión que debe dirimirse entre los interesados como particulares, acudiendo en su caso a la correspondiente vía jurisdiccional. De hecho, si no existiese un ingreso efectivo por la cuantía correspondiente no se produciría una duplicidad impositiva ni el consiguiente enriquecimiento por parte de la Administración."

  En la nota, la AEAT lleva a cabo una recopilación y análisis de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo respecto de esta cuestión, en donde se recoge como criterio obligatorio de aplicación la regularización íntegra de la obligación tributaria en el IVA cuando, del procedimiento inspector que lleva a cabo la regularización, se desprenda que existen unas cuotas repercutidas inferiores a las reales o unas cuotas soportadas superiores; derivando esta situación en la consignación en favor de la AEAT de un ingreso indebido por parte del obligado tributario.

  La reiterada doctrina del Tribunal Supremo no diferencia si las acciones del obligado tributario tuvieron o no carácter fraudulento.

  Las propias sentencias del Tribunal Supremo establecen una doble distinción: la perspectiva sustantiva y la perspectiva procedimental. Respecto de la cuestión sustantiva establece el Tribunal Supremo que únicamente procederá la devolución de los ingresos indebidos por las cuotas indebidamente repercutidas cuando concurran los requisitos recogidos en el artículo 14.2.c) del RGRVA. En cuanto a la cuestión procedimental, el Tribunal Supremo determina la retroacción de las actuaciones en el seno del procedimiento de inspección a los efectos de que la AEAT regularice la situación tributaria de los obligados tributarios objeto del procedimiento de acuerdo a la regla de la regularización íntegra. Este artículo 14.2.c) del RGRVA establece los siguientes requisitos para la práctica de la devolución de los ingresos indebidos:

  • Que la repercusión del importe se haya efectuado mediante factura.
  • Que las cuotas hayan sido efectivamente ingresadas.
  • Que las cuotas no hayan sido devueltas por la Administración a quien las repercutió o a un tercero.
  • Que el obligado tributario que hubiere soportado las cuotas no tuviese derecho a deducción de las mismas.

  Por último, cierra la nota con una serie de conclusiones respecto de la jurisprudencia analizada:

  1. Debe aplicarse el principio de regularización íntegra o completa. En el seno de un procedimiento de inspección se determina que el obligado tributario ha soportado unas cuotas de IVA indebidamente repercutidas, la actuación de la administración no debe ceñirse únicamente a denegar la deducción de dichas cuotas sino también a considerar la devolución de los ingresos indebidos por ellas generados.

  "En concreto, la regularización inspectora ha de atender a todos los componentes del ámbito material sobre el que se desarrolla la comprobación, tanto las adversas como las favorables para el obligado tributario. Con ello se pretende evitar que se produzca una doble imposición económica en el obligado tributario y que suponga un enriquecimiento injusto para la Administración."

  2. La regularización íntegra procede incluso en situación de fraude o abuso

  3. Sólo cabe plantearse la regularización íntegra en el IVA, en conexión con la devolución de un ingreso indebido, cuando el proveedor de los bienes o servicios que indebidamente repercutió el Impuesto, hubiese procedido previamente a su ingreso en el Tesoro Público.

  4. Cuantificación del ingreso efectuado:

  "La Inspección debe comprobar la procedencia del derecho a la devolución y su importe, examinando si se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 14.2.c) del RGRVA. En especial, debe comprobar la cuantía de los ingresos efectivamente realizados por los proveedores que hayan repercutido improcedentemente. No procederá la devolución de las cantidades no ingresadas a la Hacienda Pública".

  5. Siempre que no se produzca indefensión a la otra parte de la relación, procederá tramitar las devoluciones en “unidad de acto” dentro del procedimiento de inspección.

  "Las Sentencias del TS han considerado que el procedimiento inspector desarrollado con el sujeto pasivo que soportó la repercusión improcedente es adecuado para comprobar los requisitos exigidos por el artículo 14.2 c) del RGRVA, y que ello se acompasa con los principios de economía procedimental, eficacia de la Administración y proporcionalidad. Además, esto permite compensar inmediatamente las cantidades a ingresar y a devolver que corresponden al obligado tributario, sin obligarle a adelantar un importe que posteriormente proceda devolverle, total o parcialmente. Dichas sentencias han establecido que en ese procedimiento de inspección pueden efectuarse la “investigación complementaria que resulta necesaria” respecto del proveedor. No obstante, la jurisprudencia aún no se ha pronunciado en un caso en el que se produzca un conflicto de intereses entre quien repercute y quien soporta la repercusión. Si se considerase necesario regularizar al proveedor que ha repercutido indebidamente el Impuesto, en especial por su incidencia en el IVA soportado deducible, y dicho proveedor no estuviese conforme con la regularización de su autoliquidación de la que se deriva la devolución o discutiera los hechos en los que se fundamenta, no parece posible acordarla sin desarrollar un procedimiento de aplicación de los tributos respecto de él, dado que en caso contrario se le originaría una situación de indefensión. Departamento de Inspección Financiera y Tributaria 21 Agencia Tributaria".

  6. No "neteo" de la base de la sanción:

  "Vista la más reciente doctrina TEAC, se considera que no procede netear el importe de la sanción, teniendo en cuenta la tipificación de la sanción que realiza el artículo 191 de la LGT. Finalmente, señalar que el Tribunal Supremo aún tiene pendiente de resolución algunos recursos en relación con la regularización integra del IVA, como son las cuestiones planteadas en los Autos de admisión del TS de 18 de julio de 2019 (recs. 1954/2019 y 1373/2019), de 11 de junio de 2020 (rec. 574/2020) y de 16 de julio de 2020 (rec. 1367/2020), por lo que se deberá estar pendiente sobre lo que disponga al respecto el alto Tribunal".

  NOTA: