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Toque de atención de Bruselas a Hacienda por denegar datos a la Airef

La normativa española que permite al ministerio de Hacienda denegar ciertas informaciones a la Autoridad independiente de responsabilidad fiscal viola el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza económica de la zona euro aprobado en 2012, según la primera evaluación llevada a cabo por la Comisión Europea.
El informe del organismo comunitario secunda, por tanto, las tesis de la Airef, que desde su creación mantiene un grave conflicto con el ministro Cristóbal Montoro por considerar que su departamento no le facilita toda la información necesaria para verificar la compatibilidad de los Presupuestos Generales con las normas europeas sobre déficit público y deuda pública. El principal punto de conflicto se generó por una orden ministerial de Hacienda publicada en 2015 y que en opinión de la Airef vulnera su “autonomía e independencia” al establecer que las solicitudes de datos de cualquier Administración deberán dirigirse siempre inicialmente a la Central de Información del Ministerio de Hacienda. En el caso de que no reciban respuesta y siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, la Autoridad Fiscal podrá solicitar la información directamente a un ayuntamiento o comunidad autónoma.
Bruselas concluye que las dos normas que restringen la información disponible para la Airef (un Real decreto y una Orden ministerial) violan el Tratado de 2012. La CE reclama a España que revise ambas normas “para que cumplan por completo los principios comunes” previstos en el Tratado. El Tratado se aprobó a raíz de la crisis del euro a instancias del gobierno alemán de Angela Merkel, que pretendía blindar la estabilidad presupuestaria con una norma del máximo nivel por encima del desacreditado Pacto de Estabilidad para evitar fiascos contables como el de Grecia.
Cuatro años después de su entrada en vigor (el 1 de enero de 2013), la Comisión Europea ha revisado las medidas adoptadas en cada uno de los 22 países que se comprometieron a aplicar el Tratado de Merkel, también conocido como Fiscal Compact. Bruselas concluye que todas los Estados han llevado a cabo “adaptaciones significativas” en su marco fiscal nacional para adaptarse al nuevo Tratado. Pero ha encontrado algunos incumplimientos en países como Bélgica, Grecia, Eslovenia y España.
En España la mayor laguna es la agria relación entre Hacienda y la Airef. Bruselas avala la estructura y la independencia del organismo de vigilancia y considera que está bien dotado de recursos humanos y financieros (con un presupuesto en 2014 de 4,1 millones de euros). Pero Bruselas considera incompatible con el Tratado la normativa española que niega el acceso de la Airef a numerosa documentación interna de la administración (notas, borradores, informes…) y a toda la información que no sea consecuencia de un acto legal o de un requisito regulatorio. “Se puede concluir”, lamenta el informe de la CE, que “esas excepciones dejan la posibilidad de restringir indebidamente el ámbito de información disponible para la Airef”.
(El País, 23-02-2017)